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Pues sus Derechos ni siquiera aparecen en la norma más importante del país, que es la Constitución, aseguraron especialistas. Es por ello que estos Pueblos siguen siendo considerados y tratados como “ciudadanos de segunda”, sostiene Abel Barrera Hernández, Director del Centro de Derechos de la Montaña Tlachinollan.

Organización que acompaña a Comunidades Indígenas y Rurales de la montaña de Guerrero. En 1996, con la firma de los Acuerdos de San Andrés, el Gobierno mexicano reconoció por primera vez los Derechos Colectivos de los Pueblos Originarios, pero luego los incumplió y se negó a incorporarlos a la Constitución. Con Vicente Fox Quesada como Presidente, hubo un nuevo intento, más la iniciativa de Reformas Constitucionales sobre Derechos y Cultura Indígena tampoco prosperó por no responder al espíritu de los Acuerdos de San Andrés considerados en la Constitución de los Derechos de los Indígenas, según lo denunció. el movimiento de Pueblos Originarios. Hoy, en el marco de la 4T, se prepara una Reforma Constitucional sobre los Derechos de los Pueblos Originarios, lo que para el Antropólogo Barrera Hernández representa una nueva “oportunidad histórica de que se logren las aspiraciones de hace dos décadas”. El gran desafío, sin embargo, es que esta Legislación recupere realmente la voz de los Pueblos Indígenas y que el Ejecutivo Federal no incumpla su palabra, como ocurrió con la experiencia de los Acuerdos de San Andrés, señala el activista. Reconocer a los Pueblos Indígenas y aprender de ellos. Problemáticas antañas persiguen a los Pueblos Originarios de México: la pobreza, el rezago educativo, la desnutrición, la falta de asistencia médica y de acceso a otros servicios básicos. Éstas se intensifican con las actuales Políticas de desarrollo basadas en megaproyectos y de la violencia y la desarticulación Comunitaria que ha dejado la actividad criminal en los Territorios, afirma Barrera Hernández. Uno de los temas de mayor preocupación actual es la disputa por las tierras, los territorios y los recursos naturales en resguardo de las Comunidades Indígenas que, de acuerdo con López Bárcenas, tiene su origen en la falta de reconocimiento del Derecho que los Pueblos Originarios tienen sobre estos bienes. Para Abel Barrera, resulta especialmente preocupante, en el marco de la actual Política de despojo, el tema las Concesiones mineras y la Política extractivista, por lo agresivas que resultan para el territorio y porque su imposición ha desatado la violencia y la criminalización contra quienes se Organizan en defensa del territorio. La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, ha llamado a las Autoridades de México a generar diálogos "en condiciones de igualdad" con los Pueblos Indígenas sobre el concepto de desarrollo en los territorios Indígenas, para la toma de decisiones conjuntas. El Director del Centro de Derechos de la Montaña Tlachinollan asegura que los Pueblos Originarios están dispuestos a dialogar y a tomar acuerdos, siempre y cuando las iniciativas les garanticen el piso básico de lo que para ellas y ellos significa el desarrollo.  el cargo Público significa, en esencia, cargar los problemas del Pueblo. Muchas Consultas, pero no garantizan el consentimiento libre, previo e informado. De manera inédita, durante el sexenio en curso, se han impulsado diversas Consultas a los Pueblos y Comunidades

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